VENEZUELA TODAY: HOPE IN UNCERTAIN TIMES
ESPERANZA EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE
A VIRTUAL BILINGUAL CONFERENCE AT UC BERKELEY LIBRARY, APRIL 13. 2026
La Universidad de California, Berkeley, en alianza con The Daily Journal, presenta la conferencia virtual bilingüe "Venezuela Today: Hope In Uncertain Times" (Esperanza en tiempos de incertidumbre), celebrada el 13 de abril de 2026. Este evento online, vía Zoom, reúne a expertos para analizar la economía, energía y política venezolana.
Tras los profundos cambios de 2026, Venezuela enfrenta una mezcla de esperanza e incertidumbre. Esta conferencia virtual reúne a expertos para analizar los desafíos del período posterior a la crisis: reconstruir instituciones debilitadas, gestionar la soberanía petrolera y conectar a la diáspora con el país. Conversaremos sobre la compleja transición del autoritarismo a la estabilización y sus costos humanos.
Detalles clave de la Conferencia:
Temas: Energía, estabilidad regional, reconstrucción económica y política, con énfasis en el panorama tras los cambios de 2026.
Objetivo: Dibujar un mapa de alternativas para el futuro de Venezuela con un panel variado de académicos y profesionales.
TRANSCRIPCIÓN COMPLETA
Muy buenos días:
Agradezco primero, con la Universidad de Berkeley, a los organizadores del evento y al diario The Daily Journal, por esta invitación, una oportunidad para mostrar las distintas voces que hacemos política en Venezuela, agradezco también a todos los presentes que conectados en línea con esta presentación y al resto de los ponentes y participantes.
Hablar hoy de Venezuela, después del 3 de enero de 2026, no es un ejercicio descriptivo. Es un acto de definición. Porque lo que está en juego no es un gobierno. Es la forma misma del poder.
Y es importante comenzar con una precisión fundamental: Venezuela, en su diseño normativo, es una República constitucional democrática refrendada mayoritariamente en elecciones libres, universales, directas y secretas en 1.999. Ese es el modelo consagrado, ese es el pacto originario.
Lo que hoy está en disputa no es su definición formal, sino su vigencia real. Pues no estamos ante una transición. No estamos ante una alternancia. Estamos ante una mutación del Estado.
Como hemos sostenido desde 2018: la Constitución dejó de ser límite del poder para convertirse en instrumento de su administración. Y esto no es un matiz técnico. Es la ruptura del pacto republicano.
Porque cuando la ley deja de contener al poder y pasa a ser moldeada por él, la República deja de existir como principio, aunque sobreviva como apariencia.
Después del 3 de enero, Venezuela no inicia una restitución constitucional. Entramos en una zona de indeterminación. Una zona donde emergen figuras no previstas en la Constitución, como la llamada “ausencia forzosa”, que permiten algo profundamente grave: administrar el poder sin devolverlo al soberano. Esto tiene un nombre claro: es un secuestro de la soberanía popular.
En este punto, vale la pena recordar las advertencias que en su marco teórico hacía Hannah Arendt; En contextos de devastación, Arendt distingue tres fases: la estabilización de la vida material, la administración como fase prepolítica y el retorno de la acción política. Pero advierte un riesgo central: cuando la técnica se divorcia de la responsabilidad moral y se prolonga indefinidamente, emerge la “burocracia eterna” y la banalidad del mal. En ese punto, la administración deja de servir a la política y pasa a sustituirla.
Y lo que emerge no es neutral: es una forma de administración técnica de agregados humanos, tratados como poblaciones a ser gestionadas, asistidas o reprimidas según la lógica del control.
Por eso, el punto central debe decirse sin ambigüedades: no estamos frente a una transición, sino frente a una transacción de poder que suspende —una vez más y de forma selectiva— el Estado de derecho.
Pero este orden político no se sostiene solo. Tiene una arquitectura económica. Una donde se ha producido un vaciamiento no solo de una economía productiva y soberana, sino de la vida política real.
Sustituyendo la autonomía política y las libertades, por tutelajes del partido único, la dictadura del partido único, una nomenclatura violenta que esterilizó lo político. Un régimen que usa al gobierno y al Estado de manera deliberada y premeditada, son saña, para liquidar a la Nación, a la ciudadanía, para reducirla en todos sus aspectos, espirituales, materiales, emocionales, quitándonos todo para gobernar en medio del caos.
Ese es precisamente el dilema venezolano hoy: transición hacia la política… o consolidación de su sustitución. Porque lo que aparece como gestión técnica puede derivar en algo más profundo: un esquema de tutela del poder que desplaza la soberanía. La imposición por medio de entelequias jurídicas y arreglos infértiles de un poder político viciado, de índole gangsteril.
Hoy, luego del 3 de enero, las reformas legales no corrigen ese modelo. Lo profundizan. La modificación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos en 2026 y la nueva ley de minas no son ajustes técnicos. Son redefiniciones estructurales del Estado.
Porque cuando el subsuelo deja de ser instrumento de soberanía y se convierte en activo negociable, lo que se cede no es solo renta. Es poder. Es autodeterminación. Es soberanía.
Venezuela comienza así a ser reconfigurada no como una economía nacional, sino como una plataforma de recursos: petróleo, oro, minerales estratégicos.
En un contexto global de disputa energética, esto no es casual. Es geopolítica. El riesgo es evidente: convertirse en una retaguardia estratégica de recursos.
Un país funcional, pero no soberano. Insertado, pero no integrado. Abierto, pero sin democracia real.
Y, sin embargo, hay un elemento aún más corrosivo: la polarización. No como simple conflicto, sino como dispositivo de poder. Un mecanismo que se alimenta de extremos que se necesitan y autosostienen mutuamente y excluyen cualquier alternativa real.
Así se neutraliza el pluralismo. Así se persigue a los verdaderos opositores. Así se invisibilizan los conflictos sociales reales. Cuando la política se reduce a extremos irreconciliables, desaparece el espacio común. Desaparece la República, el pluralismo y los acuerdos posibles.
Y sin acuerdos, no hay reconstrucción. Por ello, el desafío venezolano es más profundo de lo que parece. No es solo institucional. Es cultural, político y ético.
Implica reconstruir la política como espacio de pluralidad real: de actores, de ideas, de proyectos de país. Participación ciudadana con incidencia real. Con poder real.
Porque la reconstrucción de Venezuela no puede ser obra de una élite ni de un nuevo hegemón. Tiene que ser un proceso colectivo. Pero hay una condición indispensable: la justicia.
No una justicia selectiva ni instrumental. Sino una justicia transicional. Verdad, reconocimiento, resarcimiento y garantías de no repetición.
Y también la recuperación de los recursos saqueados como base material de la reconstrucción. Porque sin justicia, no hay confianza. Y sin confianza, no habrá República.
El 3 de enero no es un punto de llegada. Es una fractura. Un punto de inflexión. Hoy, Venezuela no es una democracia en reconstrucción. Es un territorio en disputa. Un laboratorio de poder donde se ensaya un régimen híbrido, autoritario y adaptativo, donde la estabilidad se negocia y la legitimidad sigue ausente.
La pregunta no es solo qué va a pasar con Venezuela. La pregunta es más exigente: ¿seremos capaces de reconstruir la República?
Y esa respuesta no está solo en el poder. Está en la sociedad. En nuestra capacidad de romper la polarización instalada, en nuestra decisión de romper con dos extremos igual de perniciosos que se autosostienen mutuamente para estancar y destruir al país, en nuestra capacidad de recuperar y exigir el cumplimiento de la Constitución, y construir —desde la pluralidad y la justicia— un nuevo pacto democrático.
Muchas Gracias.
