La beata del modelo hambreador
La pranatocracia normalizadora de la gravísima situación del país insiste en desconocer la Constitución y postular cronogramas electorales, dónde incluso se atreven a mencionar que las elecciones presidenciales deben realizarse si acaso en 2030, avalando por supuesto la continuidad del dueto Maduro–Biden al nuevo eje Rodríguez–Trump, asegurando así la permanencia del modelo anti-trabajo, anti salario y sin ninguna legitimidad de origen.
Esta crisis provocada ha entrado en una fase más inquietante que implica la normalización de un poder sin legitimidad constitucional, sostenido por alianzas geopolíticas contradictorias, “estabilización” según la fase del plan tecnocrático de EEUU, y la figura central de esta mutación es quién hoy aparece como una beata, convertida en presidenta de hecho en un proceso que sintetiza tanto la ruptura institucional como la consolidación de un modelo económico profundamente regresivo, ello gracias al colaboracionismo ramplón del TSJ quién en una interpretación “peculiar”, artificio jurídico inexistente en la Constitución venezolana, interpreta la ausencia absoluta como “ausencia forzosa” evitando activar los mecanismos constitucionales obligatorios (declaratoria de falta absoluta y convocatoria a elecciones), prolongando un poder sin origen electoral, esto no se trata de un vacío de poder, se trata de un poder sin legitimidad.
La permanencia de la “beata encargada” en el poder, incluso después de vencidos los plazos constitucionales agrava la irregularidad, sobre todo por el reconocimiento de las FANB y de Donald Trump, quién ha optado por “estabilizar para saquear al país” mediante una diplomacia transaccional y acuerdos pragmáticos con la pranatocracia gobernante.
Así emerge un nuevo eje de poder, ambos, lejos de representar proyectos antagónicos convergen en un punto crítico: la subordinación de la cuestión social a la estabilidad geopolítica y energética, y el resultado inexorable de este desplazamiento es la ultimación de la República Bolivariana de Venezuela, donde la soberanía popular, la democracia y el dominio sobre los recursos de suelo y subsuelo se han sustituido por una pésima negociación de cara al pueblo, pero muy buena y productiva para las patrimonialistas criminales.
El problema de nuestra Patria no es solo jurídico, es estructural; desde 2018, cuando nuestra beata del modelo hambreador fue designada y asumió el control directo del área económica (incluyendo el Ministerio de Economía y Finanzas desde 2020), se consolidó un modelo caracterizado por la contracción extrema del salario real, la supresión de la masa monetaria como dogma antiinflacionario, la sustitución del ingreso laboral por mecanismos asistenciales, la dependencia de divisas y liberalización segmentada, la persecución y encarcelamiento de líderes sindicales bajo la acusación de terrorismo, la publicación del Memorándum 2792, el Instructivo Onapre y el Programa de recuperación.
Este modelo de economía patrimonialista que viene aplicándose rigurosamente desde 2016 con sentencias retrógradas del TSJ que sacrifican el cumplimiento de la CRBV en sus artículos 89 al 92 por los “equilibrios macroeconómicos”, siguiendo con el Programa de Recuperación Económica, recuperó sólo los bolsillos de los “empresarios” aliados, mientras que el peso de la crisis se sustenta en la neo-esclavitud dictaminada desde el poder detrás del poder: asesores extranjeros, enfoque monetarista ortodoxo neoliberal de mano de hierro de la CEO en Finanzas que lo dirigía meticulosamente, modelo saqueador que instaló un régimen de asistencialismo perpetuo con una agenda de auxilio como modelo de control social.
Este modelo ha sido presentado como una estrategia de estabilización, pero operando en la práctica como un sistema de disciplinamiento social. La tesis oficial (repetida hasta el hartazgo por bots, influencers, académicos, mercenarios, normalizadores y por organismos internacionales) sostiene que el control de la liquidez reduce la inflación. Sin embargo, la evidencia venezolana apunta en otra dirección: la inflación no ha sido impulsada por exceso de demanda, sino por la dinámica especulativa de la llamada “bicicleta cambiaria”, es decir, el ciclo de arbitraje entre bolívares y dólares (favorecido por la liberalización financiera parcial) ha funcionado como un motor inflacionario autónomo, desvinculado del salario. Entonces la reducción de la masa monetaria en ese contexto no combatió ni combate la inflación: destruyó el ingreso.
El resultado ha sido la consolidación de un esquema que combina salarios de hambre, transferencias asistenciales condicionadas, dependencia del Estado para la subsistencia y la fragmentación del mercado laboral. Este diseño no es accidental. Responde a una lógica de control: sustituir ciudadanía económica por dependencia. Bajo esta perspectiva el llamado “modelo social” no es una política de protección, sino un sistema de administración de la pobreza y de distribución de las migajas.
Nuestra beata no es una figura secundaria dentro de este esquema, es su principal arquitecta, su trayectoria la sitúa en el centro de las decisiones que moldearon la actual estructura productiva y distributiva del país. Por tanto, para la pranatocracia diplomática transaccional, es vital proyectarla como una figura “moderada” o “pragmática” (capaz de atraer inversiones y normalizar relaciones internacionales), ocultando ex profeso una continuidad fundamental: el modelo económico no ha cambiado, solo ha cambiado su narrativa.
Incluso sectores opositores representados por figuras como María Corina Machado (la otra beata salvadora), comparten elementos clave de esta lógica: ajuste, disciplina fiscal, apertura entreguista y subordinación del salario a la estabilidad macroeconómica. El conflicto político venezolano, en este sentido, no es entre modelos económicos opuestos, sino entre administradores de un mismo paradigma de la pobreza infinita y las migajas para las mayorías.
La pregunta central no es quién o quiénes traicionaron, entregaron, negociaron o simularon la situación de Maduro, ni si será reemplazada por otra figura, la pregunta es otra: ¿puede existir legitimidad política cuando el modelo económico excluye sistemáticamente a los trabajadores? ¿puede existir legitimidad política sin haber obtenido NI UN SOLO VOTO?
Hoy Venezuela enfrenta una doble ruptura: por un lado, constitucional, por la ausencia de un mandato legítimo y social, por la destrucción del salario como eje de ciudadanía. En este dilema, la beata encargada encarna algo más que un liderazgo circunstancial, representa la consolidación de un orden donde el poder se sostiene sin elecciones y la economía funciona sin trabajadores. Un poder sin pueblo, sin legitimidad real. Y aun cuando intentan venderse como beatas, como si no tuviesen nada que ver con el pasado oprobioso del madurismo, por más que se tongonee, siempre se les ve el bojote.
Colombia 8 abril 2026
